Los sindicatos proponen convertir la PCI en renta social garantizada

La mejora de la prestación de inserción es uno de los compromisos del nuevo acuerdo de concertación social, que firmaron ayer Gobierno y organizaciones sindicales y empresariales.

El Gobierno regional, los sindicatos y las organizaciones empresariales -CEOE-Tenerife y CCE- suscribieron ayer el sexto acuerdo de concertación social de Canarias, una firma con la que culmina un camino de varios años que se reactivó en 2017. El documento final contiene más de 150 propuestas de actuación consensuadas por el Ejecutivo, las centrales sindicales y las patronales encaminadas a promover el desarrollo económico, el empleo y la mejora de las condiciones sociales y laborales, entre las que figura la revisión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

La mejora de la PCI se abordará en una mesa de trabajo en la que participarán las tres partes y que debe estar constituida en el plazo de un mes. La intención de los sindicatos es aprovechar este proceso para plasmar la propuesta que presentaron en la mesa de protección social: la aprobación de una renta social garantizada para los ciudadanos sin ingresos o cuyos ingresos no son suficientes para tener una vida digna.

Se ha pedido modificar varios artículos de la ley. El carácter indefinido de la prestación, el incremento de las cuantías que se pagan, el establecimiento de «criterios no excesivamente rígidos» para recibirla y la posibilidad de que complemente rentas -salarios a media jornada, pensiones- que no alcancen el importe de la propia PCI.

Se destacó el carácter «integral y transversal» de los acuerdos y llamó a la «lealtad» de todos los agentes implicados y de las administraciones públicas del Archipiélago para ejecutarlos.

Se expuso que este acuerdo debe servir de «acicate» para que empresarios y sindicatos se sienten con el objetivo de acabar con la bolsa de pobreza actual.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE),  destacó lo «fundamental» del diálogo para alcanzar estos acuerdos.

Por su parte, tanto el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, como la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Valido, resaltaron la importancia de lo firmado y asumieron el reto de «hacerlo realidad».

El acuerdo incluye medidas para mejorar la competitividad de la economía y sociedad canaria, reducir el absentismo y erradicar la economía sumergida; una batería de propuestas compartidas para favorecer la empleabilidad; un compromiso de mejora de las herramientas de protección social y se formaliza la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el año 2020.