Canarias y el Estado firman un plan contra la explotación laboral

El convenio de lucha contra el empleo irregular y el fraude prevé intensificar la actividad de los inspectores. La Comunidad Autónoma incorporará 40 nuevos efectivos.

El plan mediante el que el Gobierno de Canarias pretende investigar y actuar contra la explotación laboral en las Islas ya ha entrado en vigor después de que la Administración regional y la del Estado lo firmasen a finales de junio. El convenio en el que se articula esta colaboración fue publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y estará en vigor durante lo que resta de 2016.

El convenio se enmarca en la cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Ejecutivo central en materia de lucha contra el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la formación profesional para el empleo. El acuerdo prevé que el Ministerio de Empleo refuerce, con carácter temporal, los efectivos de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias mediante la adscripción de funcionarios destinados en otras provincias o regiones.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda pretende que, con esta medida, alrededor de 40 trabajadores se incorporen de forma temporal a la plantilla en el Archipiélago, con el objetivo de «poder desarrollar las actuaciones inspectoras en los sectores y empresas que presenten indicios de fraude laboral y a la Seguridad Social».

Con esos nuevos efectivos, el Gobierno regional tiene la intención de efectuar 1.600 inspecciones con las que detectar y frenar abusos a los trabajadores.

Las dos partes firmantes del convenio advierten en el texto de que es «inaplazable la adopción de medidas que contribuyan a la consecución de niveles correctos de competencia empresarial y de protección social de los trabajadores». Entre las actuaciones contempladas figuran la creación en las Islas de una unidad o grupo mixto de trabajo especializado en la investigación, examen de bases de datos, diseño de nuevas técnicas y planificación de medidas de lucha contra el fraude en materia de formación profesional para el empleo y la economía sumergida.

El texto del acuerdo recoge que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social «controlará la aplicación de las subvenciones y ayudas establecidas en programas de apoyo a la formación profesional para el empleo, sin perjuicio del ejercicio del control financiero de las subvenciones y de la actividad formativa por los órganos competentes en la materia».

Las administraciones estatal y autonómica propondrán en el seno de la Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social- «las actuaciones y órdenes de servicio que se consideren precisas para lograr los necesarios índices de eficacia y eficiencia en la lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular».

Gastos de desplazamiento

El convenio entre la Consejería y el Ministerio de Empleo establece que el Gobierno de Canarias invertirá hasta 180.000 euros este año para sufragar los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los inspectores que sean destinados al Archipiélago para intensificar las políticas de control del empleo irregular. Este presupuesto incluye la dotación de vehículos con los que los nuevos efectivos realizarán las 1.600 inspecciones previstas para destapar casos de abusos a los trabajadores.